Este documento fue presentado el martes en la librería
Gandhi por una mesa conformada por Horacio Verbitsky,
Nicolás Casullo, Ricardo Forster y Jaime Sorín. Fue
firmado por más de 750 intelectuales, entre los que se
cuentan decanos de la UBA, David Viñas, Norberto
Galasso, Noé Jitrik, Eduardo Grüner, Horacio González,
José Pablo Feinmann y muchos más nombres, que por
limitaciones de espacio es imposible reproducir.





Como en otras circunstancias de nuestra crónica
contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura
confrontación entre sectores económicos, políticos e
ideológicos históricamente dominantes y un gobierno
democrático que intenta determinadas reformas en la
distribución de la renta y estrategias de intervención
en la economía. La oposición a las retenciones –
comprensible objeto de litigio– dio lugar a alianzas
que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el
resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia
el derecho y el poder político constitucional que tiene
el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus
programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por
la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha
instalado, que ha sido considerado con la categoría de
golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del
aliento a alguna forma más o menos violenta de
interrupción del orden institucional. Pero no hay duda
de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas
semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el
pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre
todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad
gubernamental.

Esta atmósfera política, que trasciende el “tema del
agro”, ha movilizado a integrantes de los mundos
políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de
una democracia a la que aquellos sectores buscan
limitar y domesticar. La inquietud es compartida por
franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de
acuerdos y desacuerdos con las decisiones del Gobierno
consideran que, en los últimos años, se volvieron a
abrir los canales de lo político. No ya entendido desde
las lógicas de la pura gestión y de saberes
tecnocráticos al servicio del mercado, sino como
escenario del debate de ideas y de la confrontación
entre modelos distintos de país. Y, fundamentalmente,
reabriendo la relación entre política, Estado,
democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que
desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor
equidad.

Desde 2003 las políticas gubernamentales incluyeron un
debate que involucra a la historia, a la persistencia
en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y
actitudes del presente.

Un debate por las herencias y las biografías
económicas, sociales, culturales y militantes que tiene
como uno de sus puntos centrales la cuestión de la
memoria articulada en la política de derechos humanos y
que transita las tensiones y conflictos de la
experiencia histórica, indesligable de los modos de
posicionarse comprensivamente delante de cada problema
que hoy está en juego.

En la actual confrontación alrededor de la política de
retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los
medios masivos de comunicación más concentrados, tanto
audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de
audiencia, que estructuran diariamente “la realidad” de
los hechos, que generan «el sentido» y las
interpretaciones y definen “la verdad” sobre actores
sociales y políticos desde variables interesadas que
exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios
que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el
prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin
la responsabilidad por explicar, por informar
adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las
mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las
que operan.

Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de
desinformación y discriminación, consiste en la
gestación permanente de mensajes conformadores de una
conciencia colectiva reactiva.

Privatizan las conciencias con un sentido común ciego,
iletrado, impresionista, inmediatista, parcial.
Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica,
desacreditadora de un Estado democráticamente
interventor en la lucha de intereses sociales. La
reacción de los grandes medios ante el Observatorio de
la discriminación en radio y televisión muestra a las
claras un desprecio fundamental por el debate público y
la efectiva libertad de información. Se ha visto
amenaza totalitaria allí donde la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA llamaba a un trato respetuoso y
equilibrado del conflicto social.

En este nuevo escenario político resulta imprescindible
tomar conciencia no sólo de la preponderancia que
adquiere la dimensión comunicacional y periodística en
su acción diaria, sino también de la importancia de
librar, en sentido plenamente político en su amplitud,
una batalla cultural al respecto. Tomar conciencia de
nuestro lugar en esta contienda desde las ciencias, la
política, el arte, la información, la literatura, la
acción social, los derechos humanos, los problemas de
género, oponiendo a los poderes de la dominación la
pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en
sus argumentos democráticos.

Se trata de una recuperación de la palabra crítica en
todos los planos de las prácticas y en el interior de
una escena social dominada por la retórica de los
medios de comunicación y la derecha ideológica de
mercado. De la recuperación de una palabra crítica que
comprenda la dimensión de los conflictos nacionales y
latinoamericanos, que señale las contradicciones
centrales que están en juego, pero sobre todo que crea
imprescindible volver a articular una relación entre
mundos intelectuales y sociales con la realidad
política. Es necesario crear nuevos lenguajes, abrir
los espacios de actuación y de interpelación
indispensables, discutir y participar en la lenta
constitución de un nuevo y complejo sujeto político
popular, a partir de concretas rupturas con el modelo
neoliberal de país. La relación entre la realidad
política y el mundo intelectual no ha sido
especialmente alentada desde el gobierno nacional y las
políticas estatales no han considerado la importancia,
complejidad y carácter político que tiene la producción
cultural.

En una situación global de creciente autonomía de los
actores del proceso de producción de símbolos sociales,
ideas e ideologías, se producen abusivas lógicas
massmediáticas que redefinen todos los aspectos de la
vida social, así como las operaciones de las estéticas
de masas reconvirtiendo y sojuzgando los mundos de lo
social, de lo político, del arte, de los saberes y
conocimientos. Son sociedades cuya complejidad política
y cultural exige, en la defensa de posturas, creencias
y proyectos democráticos y populares, una decisiva
intervención intelectual, comunicacional, informativa y
estética en el plano de los imaginarios sociales.

Esta problemática es decisiva no sólo en nuestro país,
sino en el actual Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo
Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de
Chávez, en el Chile de Bachelet, donde abundan
documentos, estudios y evidencias sobre el papel
determinante que asume la contienda cultural y
comunicativa y las denuncias contra los medios en manos
de los grupos de mercado más concentrados. Es también
en esta confrontación, que se extiende al campo de la
lucha sobre las narraciones acerca de las historias
latinoamericanas, donde hoy se está jugando la suerte
futura de varios gobiernos que son jaqueados y
deslegitimados por sus no alineamientos económicos con
las recetas hegemónicas y por sus «desobediencias»
políticas con respecto a lo que propone Estados Unidos.

Reconociendo los inesperados giros de las
confrontaciones que vienen sucediéndose en esta
excepcional edad democrática y popular de América
latina desde comienzos de siglo XXI, vemos entonces la
significación que adquiere la reflexión crítica en
relación con las vicisitudes entre Estado, sociedad y
mercado globalizado. Uno de los puntos débiles de los
gobiernos latinoamericanos, incluido el de Cristina
Fernández, es que no asumen la urgente tarea de
construir una política a la altura de los desafíos
diarios de esta época, que tenga como horizonte lo
político emancipatorio.

Porque no se trata de proponer un giro de precisión
académica a los problemas, sino de una exigencia de
pasaje a la política, en un tiempo argentino en el que
se vuelven a discutir cuestiones esenciales que
atraviesan nuestras prácticas. Pasaje hacia la política
que nos confronta con las dimensiones de la justicia,
la igualdad, la democratización social y la producción
de nuevas formas simbólicas que sean capaces de
expresar las transformaciones de la época. En este
sentido es que visualizamos la originalidad de lo que
está ocurriendo en América latina (más allá de las
diferencias que existen entre los distintos proyectos
nacionales) y los peligros a los que nos enfrentamos,
peligros claramente restauracionistas de una lógica
neoliberal hegemónica durante los años noventa.

Teniendo en cuenta esta escena de nuestra actualidad,
nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención
política –donde el campo intelectual, informativo,
científico, artístico y político juega un rol de
decisiva importancia– en el sentido de una
democratización, profundización y renovación del campo
de los grandes debates públicos. Estratégicamente se
trata de sumar formas políticas que ayuden a fecundar
una forma más amplia y participativa de debatir.

Nos interesa pues encontrar alternativas emancipadoras
en los lenguajes, en las formas de organización, en los
modos de intervención en lo social desde el Estado y
desde el llano, alternativas que puedan confrontar con
las apetencias de los poderes conservadores y reactivos
que resisten todo cambio real. Pero también que pueda
discutir y proponer opciones conducentes con respecto a
los no siempre felices modos de construcción política
del propio gobierno democrático: a las ausencias de
mediaciones imprescindibles, a las soledades
enunciativas, a las políticas definidas sin la
conveniente y necesaria participación de los
ciudadanos. Una nueva época democrática, nacional y
popular es una realidad de conflictos cotidianos, y
precisa desplegar las voces en un vasto campo de lucha,
confiar, alentar e interactuar.

En este sentido, sentimos que las carencias que muchas
veces muestra el Gobierno para enfocar y comprender los
vínculos, indispensables, con campos sociales que no se
componen exclusivamente por aquellos sectores a los que
está acostumbrado a interpelar, no posibilitan generar
una dinámica de encuentro y diálogo recreador de lo
democrático-popular. Creemos indispensable señalar los
límites y retrasos del Gobierno en aplicar políticas
redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo
tiempo reconocemos y destacamos su indiscutible
responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones
redistributivas como núcleo de los debates y de la
acción política desde el poder real que ejerce y
conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal
tema como centro neurálgico del conflicto contra
sectores concentrados del poder económico.

Todo lo expresado y resumido da pie a la necesidad de
creación de un espacio político plural de debate que
nos reúna y nos permita actuar colectivamente.
Experiencia que se instituye como espacio de
intercambio de ideas, tareas y proyectos, que aspira a
formas concretas de encuentro, de reflexión,
organización y acción democrática con el Gobierno y con
organizaciones populares para trabajar
mancomunadamente, sin perder como espacio autonomía ni
identidad propia. Un espacio signado por la urgencia de
la coyuntura, la vocación por la política y la
perseverante pregunta por los modos contemporáneos de
la emancipación.